En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Martínez Camino incidió en que la "novedad" de este texto frente a la legislación vigente reside en la "pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado" lo que para los obispos supone "poner la razón del revés".

Respecto a las reacciones políticas suscitadas ayer tras la presentación de la declaración oficial de la CEE frente al anteproyecto, el portavoz de la CEE incidió en que la intención de la Iglesia no es intervenir en la elaboración de las leyez, porque los obispos "lo que hacen es cumplir con su obligación" y "no podrá decir nadie que no tengan derecho a emitir su opinión".

En este sentido, incidió que en España quien legislar es el Parlamento y apuntó que "no conviene confundir las cosas porque podría parecer que se quiere prohibir a la Iglesia hablar" y "es un poco peocupante que alguien insinúe que no puede hacerlo, sobre todo si tiene responsabilidades políticas".

"La Iglesia puede, es más, debe pronunciarse sobre cuestiones de gran calado moral y aquí se trata de matar o de dejar vivir (...), se trata de que un atentado contra la vida de un ser humano inocente que va a nacer sea considerado un derecho por un proyecto de ley, como es el caso", apuntó.

En cuanto a la excomunión de quienes intervengan directamente en un aborto, asunto que abordó ayer en rueda de prensa, Martínez Camino recordó que este tema no se menciona en la declaración oficial de la CEE y apuntó que si bien es cierto que la Iglesia contempla esta pena en algunos casos en este contexto, "hay problemas mucho más graves y parece que algunas fuentes de opinión pública quieren distraer la atención de lo que realmente dicen los obispos".

Por otra parte, Martínez Camino negó que las declaraciones de la CEE vayan a perjudicar las relaciones Iglesia-Estado, que tildó de "correctas formalmente", y descartó qie "el hecho de que los obispos ejerzan libremente su magisterio pueda causar problemas".

Asimismo, aseguró que la CEE nunca ha convocado manifestaciones ni tiene previsto hacerlo, aunque, señaló, "si la sociedad civil, instituciones, ciudadanos, sociedades que apoyan a la vida, organizan actividades legítimas para tratar de que haya un proceso más profundo de reflexión sobre un cambio legal de gran trascendencia, están en su perfecto derecho".